El MPD se reunió con UNICEF y Desarrollo Humano para avanzar en el trabajo articulado sobre el Régimen Penal Juvenil
La Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de Jujuy, Dra. María Gabriela Burgos, participó hoy de una reunión institucional organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, junto a UNICEF Argentina y representantes de distintos organismos provinciales.
Del encuentro participaron representantes del Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, las áreas de Seguridad, Salud Mental, Educación y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, entre otros organismos vinculados a la niñez y la adolescencia.
Durante la reunión, se compartieron las acciones que se llevan adelante desde cada área y se analizó la importancia de fortalecer la coordinación entre las instituciones para dar respuestas integrales ante los desafíos que plantea el Régimen Penal Juvenil, vigente desde septiembre.
Al respecto, la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de Jujuy, Dra. María Gabriela Burgos, señaló: “Cuando existe una intervención judicial, deben garantizarse la especialidad en justicia juvenil, el derecho a ser oído, la defensa efectiva y el debido proceso, junto con respuestas que fortalezcan la educación, la reparación y la integración comunitaria. Existen herramientas dentro de nuestra normativa, como la mediación y la justicia restaurativa, que tenemos que profundizar y para las que es necesario capacitarnos”.
Asimismo, sostuvo: “Los derechos de los adolescentes forman parte de una misma responsabilidad estatal: abordar los daños, prevenir nuevas violencias y construir condiciones de convivencia. Para eso, todas las instituciones tienen que trabajar en pos de la defensa de esos derechos”.
Por otro lado, se planteó avanzar en instancias de formación continua, con el acompañamiento de UNICEF, destinadas a profesionales y personal de los organismos involucrados, para fortalecer las intervenciones y garantizar la protección integral de los derechos de las y los adolescentes.






