Informe de Gestión 2025

Secretaría Ejecutiva
Equipo de Apoyo Técnico
Órgano de Revisión en Salud Mental

Marco Institucional y Fundamento Normativo

La Provincia de Jujuy ha consolidado un modelo de salud mental basado en derechos humanos, en consonancia con la Ley Nacional N.º 26.657, a la cual adhirió mediante Ley Provincial N.º 5.937, reglamentada por Decreto 7734-S/2018. Este proceso no implicó una mera adhesión normativa, sino la construcción de un esquema institucional con control independiente, enfoque comunitario y garantías reforzadas.

En este marco, la Ley N.º 6365 —Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa (2023)— establece, entre las funciones de la Defensora General, la de presidir el Órgano Provincial de Revisión en Salud Mental, creado por la Ley N.º 5.937. A tales efectos, le corresponde designar una Secretaría Ejecutiva y el equipo de trabajo necesario para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a dicho órgano, el cual mantiene su carácter autónomo en el ejercicio de sus competencias.

El Órgano de Revisión en Salud Mental constituye el mecanismo institucional de control externo de las internaciones y dispositivos de salud mental. Su presidencia, a cargo de la Defensora General, asegura imparcialidad estructural y control de legalidad en la restricción de derechos fundamentales.

Entre sus funciones principales se destacan:

  • Supervisión de instituciones públicas y privadas
  • Control de internaciones involuntarias
  • Recepción de denuncias por vulneración de derechos
  • Seguimiento de procesos de externación
  • Emisión de recomendaciones institucionales
Líneas prioritarias de gestión 2025

Un aspecto central de la gestión 2025 fue el fortalecimiento del trabajo conjunto con la Secretaría de Salud Mental, orientado a:

  • La unificación de criterios de registro y relevamiento de datos
  • La elaboración de estadísticas provinciales consolidadas
  • La sistematización de información confiable para la planificación de políticas públicas

En este marco se identifican como líneas prioritarias de gestión:

  • Fortalecer la articulación interinstitucional entre el sistema de salud, los organismos de seguridad y el sistema judicial, promoviendo intervenciones prioritariamente sanitarias y respetuosas de los derechos humanos
  • Unificar criterios sanitarios y clínico-legales, especialmente respecto del concepto de “alta con derivación”
  • Optimizar los procesos de internación y externación, evitando internaciones prolongadas sin riesgo cierto y actual
  • Mejorar la calidad y sistematización de la información y los registros clínicos
  • Consolidar acciones intersectoriales en capacitación, inclusión laboral y enfoque de derechos
  • Reforzar la protección integral de niñas, niños y adolescentes en dispositivos de salud mental
  • Revisar y adecuar los dispositivos institucionales que alojan niñas, niños y adolescentes

Estas líneas orientan la proyección institucional del Órgano de Revisión para los próximos períodos.

Modelo de Intervención y Enfoque de Gestión

Internación como medida excepcional

El régimen vigente reafirma que la internación constituye una medida de último recurso, limitada en el tiempo y sujeta a control judicial y defensa técnica obligatoria. El Ministerio Público de la Defensa interviene garantizando asistencia técnica a personas internadas involuntariamente y promoviendo revisiones periódicas.

Desde la perspectiva de gestión pública, este esquema ha permitido reducir prolongaciones indebidas, impulsar externaciones y articular soluciones ante barreras sociales como la falta de vivienda o redes familiares.

Abordaje interdisciplinario y modelo comunitario

La normativa provincial prioriza el tratamiento ambulatorio y territorial mediante equipos interdisciplinarios que permiten evaluaciones integrales y acompañamiento psicosocial. Asimismo, se prohíben prácticas segregativas y se refuerza la dignidad y autonomía de las personas usuarias del sistema.

Articulación interministerial y políticas públicas

La Comisión Provincial Interministerial en Políticas Públicas en Salud Mental y Adicciones articula acciones entre Salud, Seguridad, Educación y Desarrollo Humano, reconociendo que la salud mental requiere respuestas transversales.

La adhesión a la emergencia en materia de adicciones amplía el abordaje hacia los consumos problemáticos, priorizando dispositivos comunitarios por sobre institucionalizaciones prolongadas.

Indicadores cuantitativos de gestión 2025

Durante el período 2025, el Órgano Provincial de Revisión consolidó su función como mecanismo independiente de control de legalidad en materia de salud mental, fortaleciendo la protección de derechos humanos y el acceso a justicia de personas en situación de vulnerabilidad.

Indicador

Cantidad

Monitoreos y visitas institucionales100
Internaciones por riesgo (intento de suicidio y otros)24
Internaciones por otros padecimientos111

Participación en audiencias civiles y penales

15

Total de internaciones supervisadas durante el período: 135 casos. 

Durante el período 2025, el Órgano Provincial de Revisión consolidó su función como mecanismo independiente de control de legalidad en materia de salud mental, fortaleciendo la protección de derechos humanos y el acceso a justicia de personas en situación de vulnerabilidad.

Total de internaciones supervisadas durante el período: 135 casos. 

Evaluación e impacto Institucional

Total de monitoreos institucionales
0
Total de internaciones
0
Audiencias judiciales
0

La realización de 100 monitoreos institucionales permitió fortalecer el control preventivo de condiciones de internación y dispositivos alternativos, reduciendo riesgos de vulneración de derechos. 

La supervisión de 135 internaciones en total evidencia una intervención activa orientada a garantizar que la restricción de libertad sea excepcional, fundada y revisable.

La participación en 15 audiencias judiciales reafirma el rol técnico del Ministerio Público de la Defensa en el control de legalidad y la defensa efectiva de las personas internadas.

Total de Monitoreos Institucionales
0

La realización de 100 monitoreos institucionales permitió fortalecer el control preventivo de condiciones de internación y dispositivos alternativos, reduciendo riesgos de vulneración de derechos. 

Total de Internaciones
0

La supervisión de 135 internaciones en total evidencia una intervención activa orientada a garantizar que la restricción de libertad sea excepcional, fundada y revisable.

Audiencias Judiciales
0

La participación en 15 audiencias judiciales reafirma el rol técnico del Ministerio Público de la Defensa en el control de legalidad y la defensa efectiva de las personas internadas.

Estos indicadores reflejan un modelo de gestión con enfoque de derechos humanos, desinstitucionalización progresiva y control independiente, en consonancia con la Ley Nacional 26.657 y la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa (Ley N.º 6365).

Evaluación Estratégica y Desafíos

Fortalezas estructurales

Control independiente a través del Ministerio Público de la Defensa

Defensa técnica obligatoria en internaciones involuntarias

Sistema de estadísticas y control de gestión

Enfoque interdisciplinario y territorial

Coordinación interministerial

Desafíos pendientes

Fortalecer los dispositivos comunitarios de salud mental

Ampliar la disponibilidad de soluciones habitacionales para sostener externaciones

Adecuar la asignación presupuestaria frente a la creciente demanda

Profundizar la capacitación en estándares internacionales de derechos humanos

Estos desafíos constituyen ejes estratégicos para consolidar un sistema de salud mental inclusivo, comunitario y respetuoso de la dignidad y autonomía de las personas.

Síntesis general

La Provincia de Jujuy ha avanzado en la consolidación de un modelo humanizado de salud mental. La Secretaría Ejecutiva y el Equipo de Apoyo Técnico no solo actúan como garantes de la defensa técnica, sino también como actores estratégicos en la remoción de obstáculos de acceso a justicia para personas en situación de vulnerabilidad.

El fortalecimiento del Órgano Provincial de Revisión constituye una política pública estructural orientada a prevenir institucionalizaciones arbitrarias, proteger derechos fundamentales y optimizar recursos estatales.

Este informe reafirma el compromiso institucional con una política de salud mental basada en dignidad, autonomía y control independiente.